Durante la exposición del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ante el Congreso surgieron serios cuestionamientos en torno a la problemática energética y más específicamente con relación al tema del "gas argentino".

En particular, vale la pena analizar los señalamientos llevado adelante con el Senador Alfredo Martínez.

"Nos preocupa - dijo Martínez al Jefe de Gabinete- la cuestión de la energía, vinculado no sólo con los combustibles que consumimos, sino también con las retenciones. En efecto, es un asunto que, de alguna manera, comienza a ser crítico en las negociaciones. Si bien hay una diferencia entre quiénes producen la energía y quiénes la comercializan en el país —es un rango mucho menor que el del caso agropecuario—, sin duda, es un punto realmente preocupante".

"Nos parece que hace falta un sinceramiento en el área de energía, a efectos de afrontar las situaciones sin ningún tipo de inconvenientes. En ese sentido, muchas industrias compraron equipos generadores, lo que complica el tema del consumo, tanto de gasoil como de fuel oil. De la lectura de las noticias de los últimos días, se desprende que las empresas más importantes y posibles importadoras de estos combustibles no lo quieren hacer, porque consideran que trabajarán a pérdida, en virtud de la relación entre el precio de compra en el mercado internacional y el precio de venta aquí. En consecuencia, deberá ser el Estado el que tendrá que salir a poner el hombro, si realmente quiere dar continuidad para la cosecha gruesa, para la producción de energía, etcétera."

Más delante, tras quejarse de la falta de respuesta por parte del Gobierno a las preguntas de los legisladores, se refirió a las actividades de ENARSA. 

"Y cuando se analiza la situación desde el punto de vista de ENARSA, que era la empresa que en definitiva llevaría adelante la política energética del gobierno, nos preocupamos mucho más, porque sabemos que han caído las reservas, que todavía no se concretaron los convenios generados a través de la ley corta, es decir, la del traspaso de la información a las provincias".

En cuanto a las licitaciones llevadas adelante por ENARSA para estas nuevas operatorias o para el tema de las barcazas, es el Estado el que estará suministrando el combustible, tanto el gas como el combustible líquido, cuando así se requiera. Y si bien sabemos que en el presupuesto ya está establecida la posibilidad de disponer de 1.800.000 metros cúbicos —sin gravámenes impositivos— para poder distribuirlos a aproximadamente un 20 por ciento menos de su costo, vemos que los montos que tendremos que afrontar —por ejemplo, para la transformación del gas licuado— serán muy superiores a los que se indican en el presupuesto.

"Al respecto, el informe de la SIGEN dice que de las cinco cosas que se analizaron, ninguna es cumplida por la empresa en forma eficiente. Las auditorías internas no son claras ni suficientes; se han firmado contratos previamente a las pertinentes consultas con el Directorio; no hay información elevada para que el nivel gerencial tenga oportunidad de tomar decisiones adecuadas.

En efecto, en ese manejo financiero que está realizando la empresa —todos sabemos que compra el gas a Bolivia a un determinado precio y lo vende mucho más económico, lo que genera sin duda un déficit en la empresa, que tiene que ser cubierto por el Estado nacional—, vemos que, dentro de los cuadros financieros, tiene más de 150 millones colocados por los excedentes temporarios relativos a los pagos a Bolivia. Son números que no nos cierran".

"Con respecto al Programa Gas Plus, al Gasoducto NEA —donde, no sólo solicitamos información sobre los costos, sino, dentro de lo que es la planificación, en qué tiempo se realizará—, a los resultados de la generación de los Distribuidores I y II de ENARSA y a las obras que se están llevando adelante respecto de la generación de energía, tenemos algunos datos que no coinciden; por ejemplo, la elevación de la Cota de Yacyretá a 83 metros.

Allí, el informe dice que va a estar terminado en mayo de 2009. Sin embargo, cuando se analizan los planes anteriores, algunas de las obras tendrían que haber finalizado en 2007; no obstante, se pone que están en perfecto estado de ejecución.

Por su parte, el Senador por la Provincia de Tierra del Fuego, José Carlos Martínez, profundizó estos cuestionamientos interpretando que la falta de transporte de gas obliga a una sub-utilización de los recursos de su Provincia. "El potencial que tiene la provincia de Tierra del Fuego en cuanto al aporte energético es muy grande. Nuestra condición insular hace que, en materia de gas, no podamos transportar toda la producción, con lo cual, actualmente, uno de los yacimientos más importantes ha cerrado su producción, porque no tiene capacidad de transporte. Estamos hablando del yacimiento Carina-Aries, que está en la costa de Tierra del Fuego.

Cuando preguntamos cuál es la política de desarrollo es porque vemos, por ejemplo, que el precio del gas interno en la República Argentina es 1,20 dólar el millón de BTU. Pero estamos comprando gas a Bolivia a 7 dólares el millón de BTU, y el gas licuado que se va a traer de Trinidad y Tobago va a costar alrededor de 14 dólares el millón de BTU. Nosotros tenemos una capacidad de transporte de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos/día por el gasoducto San Martín.

Cuando planteamos cuál es la política y se le hace la pregunta a la Jefatura de Gabinete acerca de las inversiones, la única respuesta, muy escueta, es que se está evaluando la posibilidad de la ampliación del gasoducto, de duplicar la capacidad del gasoducto. Estamos hablando de 10 millones de metros cúbicos/día más.

Ahora bien, resulta que lo que se ha anunciado es traer gas licuado de Trinidad y Tobago para este invierno y que la capacidad de esas plantas móviles de regasificación de estos buques va a estar en el orden de los 8 millones de metros cúbicos/día, a 14 dólares el millón de BTU, como señalé anteriormente. Hoy, Tierra del Fuego tiene una capacidad ociosa de más de 10 millones de metros cúbicos/día.

Los mismos anuncios de las empresas que están explotando el yacimiento de Carina-Aries, al que se suman Vega Pleyade y Fénix, que son yacimientos muy importantes, dicen de que, hoy por hoy, no están desarrollando el potencial porque están hablando de 20 millones a 30 millones de metros cúbicos/día.

Cuando hicimos esta pregunta sobre la política de mediano y largo plazo, esperábamos ver algún tipo de planificación, dada nuestra condición insular, de alguna planta de industrialización del gas en la provincia de Tierra del Fuego, para poder aprovechar el potencial energético.

Hablábamos de una planta de gasificación como la que tiene Trinidad y Tobago, por ejemplo, para autoabastecernos y no comprar afuera; o una planta de GTL, para convertir el gas en petróleo sintético. Estamos importando gasoil. El senador Martínez planteó muy claramente el déficit que tiene hoy la Argentina. Este déficit puede suplirlo Tierra del Fuego, pero no estamos en el plan de Inversión Federal. La única respuesta que hemos tenido a la pregunta formulada es que se está evaluando la posibilidad de ampliar el gasoducto San Martín, cosa que no aporta o no aportaría mucho a la problemática energética de Tierra del Fuego, que tiene un potencial fenomenal.

Otra de las cuestiones que hemos planteado aquí es que nos parece muy bien que hoy se esté inaugurando el electroducto de la red interconectada hasta Pico Truncado, y que se esté licitando el tramo hasta Río Gallegos. Sin embargo, no nos parece bien que se haya dejado afuera a Tierra del Fuego y que no estemos en el Plan Federal II de Inversiones. A estas cuestiones apuntaban las preguntas que formulamos, con respecto al tema energético.

El segundo punto que vemos con bastante preocupación es el vinculado con la coparticipación federal de impuestos y con la distribución de los recursos en la República Argentina.

Nosotros sostenemos, y no hemos tenido aclaración alguna por parte del Poder Ejecutivo, que la ley vigente, que es de 1988, tiene un piso coparticipable hacia las provincias que no se está respetando. Cuando preguntamos en qué se ha avanzado en este contexto, la respuesta de la Jefatura de Gabinete es que resulta complicado buscar los consensos. Pero, hoy por hoy, la crisis del campo evidenció un reclamo generalizado de todas las provincias en materia de redistribución de la riqueza.

Por otra parte, observamos que ya la reforma constitucional de 1994, que estableció que dentro de los dos años se debía sancionar una nueva ley —o sea, tenemos doce años de mora en esto—, determina que estamos ante un momento más que propicio para empezar esta discusión en el Parlamento. Simplemente, estas son las preguntas que tenemos para la Jefatura de Gabinete.