Una de las características más llamativas de este período es la alta concentración, en un puñado de empresas privadas afines al Gobierno de la gran mayoría de los negocios energéticos.

A diferencia de lo que ocurre en otras naciones de la región, en Argentina no es el Estado (como en Venezuela, Bolivia y Ecuador) el que sale a dominar y manejar el negocio de la energía, lo que constituiría una decisión estratégica muy discutible, pero ajustada a las reglas de juego del mundo en que vivimos.

Este nivel de concentración es particularmente perjudicial para el país ya que, además de la suspicacia generalizada sobre la transparencia de estas contrataciones -en general derivada de las cláusulas limitativas en los pliegos licitatorios- esta situación está llevando a la constitución de un oligopolio, con fuerte reducción de la competitividad y encarecimiento de las obras. Por norma, cuando se firman los contratos los presupuestos originales se ven multiplicados varias veces. Muchos de los emprendimientos parecen prácticamente determinados a salir "con nombre y apellido" y casi no tienen alternativas tecnológicas.

Para colmo, gran parte de las obras no son consecuencia de una planificación responsable ni de un orden de prioridad acorde con las necesidades del momento que vivimos. El "tren bala", que desató una enorme polémica, no es el único dispendio en que incurre el Estado. Ya hemos señalado anteriormente que de haberse corregido el esquema que se aplica a la industria del gas, el país se hubiera ahorrado la sangría de la importación de combustibles líquidos y gaseosos.

En cuanto a la inversión y/o financiación de estos emprendimientos, estos grupos asumen no asumen el papel del inversor, casi todos estos negocios cuentan con fondos fiduciarios del Gobierno, respaldo mediante endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos y posteriormente una operan mediante  una voluminosa asignación de subsidios por parte del erario público.

Ha trascendido que el monto de estos subsidios se incrementó 132% en los últimos doce meses, asegurando la operatividad de las empresas energéticas privadas.  Este año, según informes oficiales se destinarán al sector energético $ 2547,9 millones, tres veces más que en 2007. CAMMESA recibió $ 1227,5 millones para financiar la compra de fueloil mientras ENARSA destinó el subsidio a la compra del fluido para su venta en el mercado interno. El Ente Binacional Yacyretá recibió  a su vez $ 179,5 millones.

Esta ordalía de subsidios nos recuerdan el pasado "festival de bonos" que nos llevó al colapso en el pasado; y tienen un efecto concreto impulsando la inflación, que ya es socialmente más devastadora que cualquier incremento tarifario que pudiera imaginarse.

Desde hace tiempo, dentro del sector no se habla de otra cosa que de ciertas acciones, llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno,  a las que se relaciona con la intención de promover un cambio de manos en la titularidad de varias empresas energéticas, en favor de determinados empresarios o grupos de empresarios. Y los hechos parecen confirmar estas versiones.

Las compras internacionales no han escapado a este mecanismo de exclusividades. En lugar de ampliar la gama de opciones mediante licitaciones públicas internacionales, se han modificado por decreto las normas de calidad (contenido de azufre) de los combustible líquidos a importar, para favorecer su adquisición a un único proveedor (PdVSA), sin importar el daño estructural que acarrea su utilización en las turbinas de las grandes centrales y el severo compromiso en materia de contaminación ambiental.

Hubo sólo tres oferentes para las cinco centrales térmicas a ciclo abierto que licitó ENARSA, un negocio que supera los $ 4.800 millones para instalar unos 1.695 MW de generación adicional en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre los nombres de los únicos oferentes, vuelven a repetirse los mismos a quienes se adjudicaron las obras anteriores de generación y transporte de energía.

Un consorcio de similar integración se adjudicó la usina a carbón de 250 MW que se construirá en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, con un presupuesto de 350 millones de dólares.

El mayor complejo hidroeléctrico  de la Patagonia, de 1700 MW de potencia instalada "Cóndor Cliff y La Barrancosa", que demandará una inversión cercana a los 4.000 millones de dólares garantizado con títulos públicos, tuvo sólo dos grupos oferentes habiendo abandonado otros cuatro que habían manifestado interés por la obra.

Según publicó el diario Clarín, "ambos grupos tienen llegada directa a las principales figuras de la Casa Rosada y piensan hacer valer sus influencias ante cualquier inconveniente que se cruce en la licitación".

Las obras eléctricas que por iniciativa privada se construyen dentro del programa "Energía Plus", que se suponía remuneraría la energía de acuerdo a sus verdaderos costos, deben pasar por un "visado" del Ministerio de Planificación Federal que decide a discreción sobre los mismos y la rentabilidad o no del proyecto.

El concepto de la democracia también se aplica a la economía, del mismo modo que la igualdad de oportunidades máxime cuando se trata de inversiones públicas pagadas por todos los argentinos.

En el país ya tenemos una larga historia de favoritismos y exclusivismos especialmente en los negocios y en el poder. A lo largo de la historia reciente, hemos visto cómo quienes se "envolvían en la bandera argentina" -tintos de un discurso nacionalista- eran los primeros en expatriar fondos lícitos y de los otros -públicos y privados-, constituyéndose en los empresarios ricos de empresas pobres o fundidas y en Gobernadores mendicantes del Estado Nacional.

Este tema no es menor. Es hora de superar esas mentalidades cargadas de hipocresías y soberanías falsificadas. Ya que, una alta concentración de los negocios en manos de los "elegidos" del poder, discrecionalmente teledirigidos desde oficinas de Gobierno, y un sistema político cerrado, tiene otros nombres, pero nunca podría calificarse como democracia.