La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y una numerosa comitiva argentina firmaron acuerdos con el Gobierno ecuatoriano tras un encuentro con su para Rafael Correa. El más importante es el convenio de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que según Cristina "va a convertir a Ecuador en exportador de energía" y que será ejecutado por ENARSA que subcontratará a las empresas Corporación América, de Eduardo Eurnekian; el grupo Cartellone y el que lidera Enrique Pescarmona. Los capitales argentinos contribuirán con 30% del presupuesto de la represa, en la que Ecuador invertirá el 70% restante.

Oficialmente se dijo que serán U$S 480 millones de un total de 1.600 millones. En lo formal, es una sociedad binacional entre ENARSA y la estatal ecuatoriana Termo pichincha.

La Presidente también destacó la fortaleza de las relaciones entre ambos países. Afirmó que con los acuerdos bilaterales se "pasa de una diplomacia meramente declarativa a una diplomacia de hecho, que es lo que necesitamos aquí en Latinoamérica".

La Presidente llegó acompañada por el canciller Jorge Taiana; y los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; y de Planificación Federal, Julio De Vido. También integraron la comitiva los legisladores nacionales Miguel Angel Pichetto, Agustín Rossi, Pedro Guastavino, José María Díaz Bancalari y Edgardo De Petri; el secretario de Deportes, Claudio Morresi, y el vocero presidencial Miguel Núñez, entre otros funcionarios. .

El asambleísta de RED, León Roldós, realiza observaciones y cuestiona la forma como se ha adjudicado esta obra hidroeléctrica. "El proyecto Coca-Codo Sinclair tiene estudios de muchos años y ha sido perseguido por varias empresas nacionales y extranjeras, algunas planteaban licitaciones y otras las querían a dedo, llave en mano. Ahí estuvieron, entre otras, Cartellone y Odebrecht. El gobierno, el 7 de febrero anunció el contrato con la “empresa estatal argentina ENARSA”, con financiamiento compartido del Estado ecuatoriano y de ENARSA. Pero, ENARSA no es sólo ENARSA, sino el “caballo de troya” en que entran tres empresas argentinas, dos con presencia importante en el Ecuador, y la posibilidad de una brasileña, también activa en el Ecuador", señaló.

Señala que "ENARSA no ha creado una central hidroeléctrica en su vida” y que sacaron 35% del capital  accionario de la empresa al mercado de valores y sin haber podido vender “ni una”.

El Gobierno ecuatoriano, afirma Roldós, ha dicho que lo cierto es que en la empresa Coca Codo-Sinclair (sociedad anónima constituida para este negocio 60 días atrás) son accionistas la estatal ecuatoriana Termo Pichincha con 70% y la estatal argentina, con dos años de creada en papeles, ENARSA.

Roldós agrega que la ley actual y el proyecto que está en la Asamblea Constituyente disponen que no pueden comprometerse obras sin los respectivos estudios y en Coca Codo-Sinclair no los hay.

Finalmente en su presentación Roldós Aguilera sostiene que "debe reformarse la legislación de contratación pública". "No se puede ligeramente aprobar nuevas normas legales para endeudamiento externo - 480 millones de dólares, no en billete sino “en construcción de obra y tecnología”, llave en mano, porque el único billete, aproximadamente 1.120 millones de dólares, lo pone el Ecuador- para facilitar un contrato negociado con ENARSA de Argentina, pero a favor de empresarios privados que de esa manera eluden oposiciones y licitaciones".