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DEUDA EXTERNA Y ENERGÍA

 

Por Carlos José Aga

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En las últimas semanas se reinstaló en la opinión pública un problema que parecía superado: la crisis de la deuda externa.

Sin embargo, el problema tiene varias aristas que no tuvieron las anteriores crisis de la deuda. En este caso, la presión se ha multiplicado casi hasta lo insostenible como consecuencia de una política energética que ha destruido el autoabastecimiento y que nos convirtió en un país dependiente, obligado a importar por más de 14.000 millones de dólares anuales.

Más allá de la impericia que significó ignorar el problema por 10 años, en condiciones normales, es decir, sin mediar el latrocinio energético, el manejo del endeudamiento sería mucho más accesible y con márgenes amplios de manejo.

Pero después de años de pregonar que durante los últimos 10 años se produjo una considerable la ampliación de la capacidad instalada para la producción, en especial en la industria, ahora se reconoce que los números no eran tan buenos como parecían. El sinceramiento estadístico que se produjo al cambiar la metodología de cálculo del PBI dejó en evidencia que la tasa de inversión se ubica en el 20% y con tendencia a la baja.

Un número inconsistente para justificar un crecimiento a "tasas chinas" que se declamaba. De hecho, las naciones con alto crecimiento tienen niveles de inversión superiores al 30% del PBI.

En lo que resta de este año el gobierno necesitaría divisas por unos US$ 4.000 millones para afrontar los compromisos externos. Asimismo, en 2015 se estima que el desembolso bajo el mismo concepto se ubica cercano a los US$ 11.000 millones, mientras que en el 2016 se reducen a US$ 4.600 millones y vuelven a crecer en 2017 a US$ 9.000 millones.

La posibilidad de que no se llegue a una solución negociada con los denominados "fondos buitre" implica grandes dificultades, lo mismo que si se llega a un arreglo que aumente los compromisos futuros. Además de la amenaza de embargos, enfrentaremos mayores restricciones que empujarán una mayor caída de la actividad y sin duda encarecerá el acceso del país al crédito, malogrando el esfuerzo tardío del gobierno para normalizar las relaciones con el mundo financiero.

Se malograrían los esfuerzos realizados, tratando de mejorar las relaciones con la comunidad internacional (acuerdos de pago a Repsol, Club de París, CIADI …), y hasta la reforma delas estadísticas con la colaboración del FMI. Ya antes del fallo condenatorio por la deuda, las condiciones objetivas de la economía (la política comercial restrictiva, capo del dólar, inflación, limitaciones para girar dividendos) constituían un freno que explicaban por qué las inversiones para Vaca Muerta (por ejemplo) no lograban despegar como soñaba el CEO de YPF, Miguelo Galluccio.

El derecho "Chevron" intentaba generar "condiciones especiales" que soslayaran todas estas limitaciones. Y estas condiciones de tan especiales, terminaron siendo secretas.

Si el actual nivel de las reservas alcanza para cubrir los pagos de la deuda durante sólo tres años, esta ecuación se vuelve dramática cuando se incorporan los compromisos adquiridos en los bonos entregados a Repsol y el desbarranco de la balanza comercial de las importaciones energéticas y la caída de las exportaciones por otras aberraciones de nuestra política económica.

En efecto, considerando las divisas por la soja, y la merma que significa el notable estancamiento industrial junto a la reducción del comercio con Brasil, habrá menos dólares ingresando al país.

A ello hay que adicionar el fallo que perdió la Argentina en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a partir de un panel que le iniciaron hace más de 2 años 43 países debido a la aplicación indebida de Licencias No Automáticas de Importación para limitar la fuga de dólares, reducirá las exportaciones por otros 5.000 millones de dólares anules.

Esto cuadro extremadamente complejo que hipoteca la gobernabilidad del gobierno que asuma a fines de 2015.

Con los plazos establecidos en los acuerdos mencionados (política de "patear hacia adelante") el próximo gobierno deberá afrontar nada menos que el 86% de toda la deuda y el 100% de las importaciones energéticas. Y deberá hacerlo con recursos insuficientes, lo que augura un escenario muy comprometido para la gobernabilidad.

La herencia que se traspasará al próximo Gobierno está representado por el colapso del modelo -con un gasto público descontrolado, fuertes compromisos de pago al exterior, cuentas fiscales en rojo, reservas del Central en niveles críticos, emergencia energética y escasez de divisas.

Será mejor que los aspirantes a gobernar en 2015 abandonen la politiquería electoral y se pongan a pensar en un modelo, distinto con la mirada puesta en una estrategia para los próximos 20 o 30 años.
 

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