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El Congreso aprobó el acuerdo provisorio
suscripto entre la distribuidora EDELAP y el Poder Ejecutivo
Nacional, que el Gobierno espera poder
convertir en caso piloto
para el resto de las renegociaciones con las empresas
de servicios públicos privatizados.
La Cámara de Diputados convalidó así, por
primera vez desde el estallido de la crisis en 2001, un aumento de
tarifas en los servicios públicos.
El acuerdo -que ya tenía media sanción del
Senado- quedó ratificado definitivamente por la Cámara de Diputados
con el respaldo del justicialismo y algunos aliados transversales,
aunque fue rechazado por
un amplio arco opositor, encabezado por el radicalismo, el ARI, el
socialismo, el adolfismo y la izquierda.
El acuerdo logrado por UNIREN
con la empresa,
fue aprobado por
118 votos contra 56 y 10 abstenciones, luego de más de 7 horas de
sesión, y en medio
de una fuerte polémica entre los diputados del oficialismo y la
oposición, quiénes realizaron enfáticos discursos para exponer su
rechazo a
la Carta de Entendimiento.
La documentación aprobada
no es la revisión integral del contrato de concesión que
estableció la Ley de Emergencia Económica (Nº 25.561/02) ya
que la discusión más amplia de la tarifa y condiciones de la
concesión se posterga para más adelante. Se negociará durante 2005,
pero se comenzaría a aplicar recién en 2007.
El debate comenzó una cerrada defensa de la
posición del Poder Ejecutivo,
a cargo del diputado
santafesino Gustavo Marconato, al sostener que el acuerdo
transitorio fue "razonado y razonable" y defendió al aumento
tarifario al indicar que "fue el único precio que no tuvo ningún
tipo de variación
desde la salida de la convertibilidad".
A su entender, UNIREN
"tuvo en cuenta la distribución del ingreso,
los planes de inversión, el interés del usuario, la accesibilidad de
los servicios, la seguridad del sistema y la rentabilidad de la
empresa", agregó Marconato en su
exposición.
El oficialismo fue acompañado, entre otros, por
el macrista Federico Pinedo, quien defendió
en papel cumplido
por
las empresas de
servicios públicos privatizados
al destacar que "a partir de la regulación del mercado eléctrico
hubo una inversión de 12 mil millones de dólares" y señalar que
"entre 1992 y 2001 la mejora en la calidad del servicio fue del
70 por ciento".
Los puntos del acuerdo que mayor debate
generaron fueron:
Tarifas: el contrato de Edelap estipula un aumento del 23% en los
ingresos globales del concesionario, lo que tendrá una incidencia
promedio del 15% en las tarifas de los grandes usuarios a partir del
1° de este mes.
Pago de multas: ascienden a 48 millones de pesos, que se adeudan
tanto al Estado como a los usuarios. Se prorratea el pago en ocho y
10 años.
Revisión tarifaria integral: comenzará a partir de 2006 y
contemplará a los usuarios residenciales.
Reclamos judiciales: el acuerdo establece la suspensión de las
acciones de la empresa ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco
Mundial, un paso que ya se había cumplido con anterioridad..
Oposición
 La
Carta de Entendimiento fue
rechazada abiertamente por legisladores del Interbloque Provincias
Unidas, radicales, aristas y socialistas, y
hasta hubo
una denuncia por "corrupción" y "pago de
coimas" por parte del diputado Héctor Polino
(en la imágen).
El aspecto más controvertido del acuerdo y
que motivó los cuestionamientos m´s enérgicos estuvo centrado en la
condonación de multas a la empresa. La diputada
la radical de Córdoba Silvina Leonelli
consideró que
"las
multas son patrimonio del Estado y de los usuarios, a los que se
prestó un mal servicio, y resulta que la empresa compensa multas con
inversión. La empresa hace inversiones con plata de Juan Pueblo y
del Estado. Esto es una barbaridad. Con esto Edelap no aporta
absolutamente nada".
Gas Natural
Ban
En el caso de la distribuidora de gas, se
realizó la audiencia que estaba prevista, y aunque no fue posible
cerrar un convenio definitivo, el representante de UNIREN, Carlos
Iturriza, aseguró que "prácticamente está convenido".
Jorge Niemetz, gerente de Estudios y Aprovisionamiento de Gas de la
compañía, que asistió en carácter de representante oficial de Gas
Natural Ban, coincidió en que hubo avances importantes y agregó: "Estimamos
que está próxima la posibilidad de llegar a un acuerdo".
En un procedimiento idéntido a EDELAP, además del alza de la tarifa,
se acordarán pautas de inversión y el desistimiento de una demanda
presentada ante el Ciadi.
Aunque en este caso particular existen
diferencias de criterio entre los accionistas de la empresa ya que
el accionista mayoritario, la española Gas Natural, decidió el
retiro de su demanda, pero otro de los accionistas la empresa LG&E,
que detenta el 19% de la distribuidora, no desea desistir de la
demanda elevada ante Ciadi.
Esta postura parece resultar fortalecida
después de haberse producido el primer fallo condenatorio por parte
de ese tribunal arbitral contra el estado Argentino hace unos días.
El esquema oficial es cerrar un acuerdo
transitorio con el accionista mayoritario (Gas Ban) y con esa
documentación, presentar ante el Ciadi la defensa del Estado
argumentando que "se renegoció el contrato con la concesionaria, con
aceptación de la mayoría de los accionistas" y así exigir el rechazo
de la presentación de LG&E.
Según informó Iturriza, el alza tarifaria
probablemente llegaría a un 25%, menor al 33% pretendido por la
empresa. También sostuvo que se acordó "la no revisión de las
tarifas del período de transición; la revisión integral de tarifas,
no extraordinaria ni transitoria, en un año", como también "mantener
niveles de calidad y de inversión en los sistemas".
Tras la audiencia, la empresa emitió un comunicado en el que
ratifica "su compromiso de largo plazo con el país, su
predisposición a seguir invirtiendo en la Argentina y su voluntad de
alcanzar lo antes posible un acuerdo satisfactorio".
También se contempla un compromiso de inversiones por más de $ 40
millones durante el primer año a partir de la firma del acuerdo. Ese
desembolso habilitaría la ejecución de 15 proyectos de
infraestructura para el suministro de gas, y el objetivo sería dar
acceso al gas natural por red a más de 50.000 hogares.
También se propuso la instrumentación de una tarifa social,
que debería ponerse en marcha tras la confección de un padrón.
"Gas Natural Ban manifestó su voluntad de que se ponga fin a más de
tres años de incertidumbre regulatoria y distorsión de precios",
sostiene el comunicado sobre su participación en la audiencia.
Más Información:
UNIREN:
Informe del estado de cumplimiento de los Contratos de Distribución
y Transporte de Gas Natural
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